jueves, 14 de junio de 2012

Estados Unidos presiona a Soria para reducir el tijeretazo a las renovables

Estados Unidos ha decidido tomar cartas en el asunto ante los constantes rumores de que, como parte de la reforma energética, se pudiera decretar una moratoria que incluyese a las instalaciones en el preregistro y que tienen derecho a prima.
En concreto, el embajador estadounidense, Alan Solomont, ha mantenido recientemente un encuentro con el titular de Industria, José Manuel Soria, para transmitirle la gran preocupación de los fondos de inversión con fuertes intereses en energías renovables y, sobre todo, en fotovoltaica.
Según fuentes del sector, este encuentro podría haber surtido efecto ya que, si en un primer momento se descontaba un recorte drástico para estas tecnologías, ahora parece que se van a decantar por recortar en otras partidas.
Y todo ello, a pesar de que Soria ha afirmado públicamente que si entraran en funcionamiento todas las tecnologías incluidas en el preregistro el déficit de tarifa ascendería a 70.000 millones.
Sin embargo, el ministerio trabaja en una opción más a largo plazo para solucionar este problema y que también sea menos drástica. Así, además de fijar un mecanismo de subastas para determinar la retribución de las renovables, Industria también ha barajado aplicar una nueva reducción de las primas actuales que se ajuste a derecho.
En este sentido, los servicios jurídicos de Industria trabajan siempre con la premisa de que la retribución sea razonable, aunque en esta afirmación pueden caber nuevos ajustes como ya se han hecho en anteriores decretos y más a tenor de la actual situación. Los fondos de inversión han criticado duramente el cambio de rumbo del Gobierno en política renovable y han lamentado la inseguridad jurídica creada. Esta tecnología ya ha sido perjudicada por el parón para nuevas instalaciones, por el recorte de primas y por la reducción de horas de producción.
En consecuencia, varios fondos iniciaron un arbitraje internacional en contra del Gobierno y solicitaban una indemnización de 600 millones de euros. El proceso aún sigue abierto.


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